El impuesto sobre bienes inmuebles, también conocido como el IBI o “la contribución”, es el único impuesto de todo el sistema tributario español que nunca ha descendido en su recaudación. El IBI representa el 60% de los impuestos que cobra la gran mayoría de municipios, que en 2016 lograron recaudar un total de 12.687 millones de euros, un 0.84% más que en el año anterior. De hecho, desde 1996 el total de ingresos obtenidos por las arcas del estado con este impuesto se ha multiplicado por cinco, pasando de 2.754 millones de euros a 12.687 millones de euros.
Hay varias razones para este hecho: el IBI se cobra por la posesión del inmueble, no la venta, y en la última época alcista el parque de viviendas llego a 25,1 millones, en contraste con los 17 millones de principios de los años 90. Al ser un tributo de competencia local que abonan los propietarios de viviendas, edificios o parcelas, su recaudación nunca ha caído. El IBI se ha mostrado como un tributo estable y anticíclico, solo superado en potencial recaudatorio por el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades. Una de sus principales ventajas es que, al estar ligado al valor catastral de la vivienda, la cuota a pagar se incrementa sin necesidad de elevar el impuesto.
Sin embargo, hay muchas propiedades que están exentas por ley de pagar el IBI, principalmente los bienes inmuebles que son propiedad del estado, las comunidades autónomas o entidades locales. Cuarteles, colegios públicos, bibliotecas, comisarias o instalaciones aeroportuarias están exentas por ley de pagar este impuesto. Tampoco pagan el IBI los bienes propiedad de la iglesia católica y otras confesiones religiosas reconocidas por el estado, además de embajadas y consulados extranjeros. Existe la posibilidad de pedir la exención en el pago del impuesto, aunque está reservado a inmuebles destinados a la educación (colegios privados o concertados), monumentos y jardines históricos de interés cultural.
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