Una de las consecuencias que más nos preocuparon y siguen preocupando a todos tras la crisis económica en España es el incremento en el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que a su vez generó casos de desahucios de viviendas. En este escenario, otra de las consecuencias fue un mayor número de ocupaciones de pisos, una cifra que el Instituto Cerdà ha cifrado en 87.500 familias en nuestro país, alrededor de 262.500 personas. En este sentido, el mercado inmobiliario y el comportamiento de la oferta y la demanda también se ven influenciados como consecuencia de fenómeno, pues según los datos dados a conocer por el Instituto, las ocupaciones causan la inmovilización de hasta un 20% de los activos de vivienda pública.
En este sentido, el motivo esencial de estos números viene determinado, según el informe, por el déficit del parque de aquellas viviendas que tienen un uso social para la cantidad de personas que las necesitan. Desde 2007 los hogares sin ingresos han crecido un 76%, existen más de medio millón de viviendas vacías y el número de desalojos de pisos se ha multiplicado por 2,25 en los últimos 9 años.
Desde el Instituto señalan que la ocupación de viviendas es una problemática que requiere de la involucración de los diferentes agentes de interés que forman el sector, desde la administración (local, autonómica y estatal), hasta las empresas de suministros o los cuerpos de seguridad, pasando por los propietarios y las plataformas ciudadanas.
En este sentido, el estudio destaca también la relevancia de las ocupaciones de pisos que desembocan en conflicto, pues pese a que solamente suponen entre un 10% y un 25% del total, tienen influencia directa en el entorno social y mediático con el consiguiente deterioro económico y vecinal. Por esta razón, los municipios siempre tratan de gestionar este tipo de procedimientos sin que se ocasionen enfrentamientos de ningún tipo.
