La crisis económica sigue teniendo evidentes consecuencias para el sector bancario. A partir del 1 de octubre, el Banco de España obligará a las entidades financieras españolas a hacerse cargo del 30% de la devaluación de los inmuebles adjudicados durante la burbuja inmobiliaria, porcentaje que ascendería a unos 25.000 millones de euros.
La Circular 4 de provisiones del Banco de España prevé unos ajustes del 25% sobre el parque de viviendas adjudicadas o recibidas en pago de deuda. En el caso de los suelos, el recorte alcanza el 40% de las valoraciones, mientras que para las oficinas, locales y naves equivalentes el recorte será del 35%.
Con estas medidas, el organismo regulador pretende que las entidades pongan el precio real de mercado a sus activos inmobiliarios y desprenderse de activos improductivos para cuadrar al final los balances contables tras la crisis. En este sentido, el Banco de España calcula en más de 200.000 millones de euros el valor de dichos activos en el total del sistema financiero, de los que 84.000 millones corresponden a riesgos inmobiliarios. El ajuste de 25.000 millones de euros, solo un 10% de los más de 250.000 millones que la banca española ya ha tenido que asumir tras el rescate financiero de la UE.
La venta de los inmuebles permitirá a las entidades liberar las cuantiosas provisiones a que han sido obligadas como consecuencia del proceso de reestructuración del sistema financiero en España. Para finales de 2016, la banca española habrá tenido que enfrentarse al saneamiento de sus activos y la pérdida del valor de sus pisos en cartera. La norma ya se tendría que haber aplicado al final del primer semestre del año, no obstante, el Banco de España prefirió dar más tiempo a las entidades financieras para que pudieran cumplir con el ajuste.
