Hacienda aumentó en un 49% el número de registros para detectar alquileres opacos durante 2016

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El mercado inmobiliario de compraventa español cada día ofrece más y mejores oportunidades para todas aquellas personas interesadas en adquirir una vivienda. El sector del alquiler también experimenta un aumento de la demanda, pese a la gran subida de los precios. Es precisamente el del alquiler el sector que más preocupa a la Agencia Tributaria, en especial en lo que respecta a la evasión de impuestos. Por eso Hacienda lleva desde el año 2012 realizando inspecciones regulares dirigidas a evitar actuaciones fraudulentas. De hecho, en los últimos cinco años se han multiplicado por dos el número de actuaciones de las unidades de inspección, muy eficientes tanto online como a la hora de realizar los llamados ‘peinados’ presenciales para el control en persona de las obligaciones formales en materia de arrendamiento.

Con la intención de detectar cualquier tipo de economía sumergida, en España se llevaron a cabo un total de 24.491 actuaciones durante 2016, un 12% más que en 2015. Así, si nos fijamos en el control de la relación entre arrendadores y arrendatarios, el número de actuaciones aumentó hasta en un 49% para descubrir alquileres opacos.

Así, en 2016 la Agencia Tributaria obtuvo un total de 14.883 millones de euros como resultado de sus labores para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, el segundo año en el que más millones se alcanzaron por detrás del 2015, año en el que se obtuvieron 15.664 millones de euros.

Por otra parte, durante el año  pasado se abrieron un total de 343 expedientes para la prohibición de la disposición de propiedades inmobiliarias pertenecientes a sociedades las cuales tengan acciones embargadas por ser de la propiedad de un deudor con la Hacienda Pública. Así pues, los expedientes de este tipo registrados durante los últimos cuatro años ya superan el millar. Para ello, de suma utilidad han sido las herramientas de control para evitar las llamadas “despatrimonializaciones fraudulentas” creadas a partir de la Ley Antifraude de 2012.

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