Las medidas de la nueva ley de vivienda y alquiler

El Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros, pretende dotar de mayor seguridad a los inquilinos, incentivar el alquiler de viviendas a precios asequibles y apoyar a las familias más vulnerables aliviando la carga financiera. El Real Decreto recoge algunas medidas clave que suponen un giro social en la política de vivienda española.

Ofrecer mayor seguridad a los inquilinos.
Se amplía el período de prórroga de los contratos de los tres a los cinco años cuando el propietario de la vivienda sea una persona física y hasta siete años en caso de que sea una empresa o fondo de inversión. En caso de prórroga tácita, cuando finalice el contrato de arrendamiento y ninguna de las partes diga nada en el momento de su finalización, se dará por supuesto que el contrato se amplia tres años y no uno como hasta ahora. Además, los contratos de arrendamiento serán válidos, aunque no estén inscritos en el registro de la propiedad, con el objetivo de evitar abusos de algunos fondos de inversión y se plantea el incremento de la información y la transparencia. También se creará un índice de referencia de precios del alquiler a nivel estatal que recogerá la información de diversas fuentes oficiales.

Medidas fiscales para estimular la oferta
Para estimular la oferta se han propuesto algunas medidas en materia fiscal. En primer lugar, la deducción de hasta el 95% del IBI en viviendas protegidas. Además, la nueva ley concede a las Administraciones Públicas el derecho de tanteo y retracto en caso de ventas conjunta de un inmueble, que hasta ahora solo tenían derecho las personas físicas. Ahora podrán frenar las ventas a los fondos de inversión cuando lo consideren oportuno.

Mayor protección a los inquilinos más vulnerables
Se dedica una mayor atención a los desahucios de familias vulnerables. Se mejora el procedimiento para atender a las situaciones de desahucio que afecte a personas u hogares más vulnerables, ampliando de dos a tres meses en caso de personas jurídicas. Además, los herederos de un inquilino vulnerable tendrán la posibilidad de permanecer en la vivienda.