Baleares ha sido la Comunidad Autónoma que ha encabezado la lucha contra los pisos turísticos. Desde el principio se estableció una política de tolerancia cero con las viviendas para turísticas que se reservaban a través de plataformas como AirBnB. Esta ley, que está en vigor desde 2017, prohibía las viviendas de uso turístico bajo multas de hasta 40.000 euros. Desde que se empezó a aplicar la ley, hasta el 40% de las viviendas que se anunciaban en plataformas online han desaparecido. Sin embargo, fuentes señalan que la demanda de alquiler vacacional en Baleares ha aumentado en un 19% desde el año anterior.
La medida de prohibición no estuvo exenta de polémica. El motivo principal para aplicarla fueron los conflictos que surgían con este tipo de alojamientos: molestias vecinales, daños en las infraestructuras, falta de pago de impuestos y otros problemas que acaban afectando al acceso a la vivienda de los ciudadanos de la comunidad. Sin embargo, otras voces alegan que la vivienda turística beneficia a todos, ya que los turistas que viajan a las islas dejan un beneficio económico en todo tipo de comercios. También se ha alegado en varias ocasiones que no existen pruebas empíricas que la vivienda turística afecte al mercado inmobiliario. Los partidarios de la desregulación consideran que limitar la actividad comercial y el mercado solo servirá para desacelerar el crecimiento económico de la región.
Diversas voces del sector señalan que se ha hecho política con el asunto de las viviendas turística. La existencia de conflictos relacionados con la vivienda turística no justificaba la intervención del estado, más teniendo en cuenta que plataformas como AirBnb han contribuido a democratizar el turismo. Sin embargo, estas tesis nos son aceptadas por todos, especialmente en la administración, que anuncia que seguirán peleando contra este tipo de plataformas.
