La API elabora un decálogo para evitar la burbuja inmobiliaria

El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ha pedido a los partidos políticos que, de cara las próximas elecciones generales, incorporen en sus programas electorales un decálogo de medidas para evitar otra burbuja inmobiliaria.

En un momento clave en el que el sector parece estar superando, por fin, la recesión en la que lleva sumido desde 2008, el objetivo de esta petición no es otro que el de impedir que se cometan los mismos errores que llevaron al sector a la crisis.

Según recoge el diario Cinco Días, el decálogo de propuestas para hacer más transparente el mercado de la vivienda se resume en los siguientes puntos:

1. Más información para el consumidor. Es necesario que la legislación garantice una mayor transparencia al sector inmobiliario.
2. Transparencia financiera. La regulación del mercado financiero vinculado al mercado hipotecario debe ser mucho más transparente.
3. Tasaciones hipotecarias independientes y ajustadas a la realidad del mercado.
4. Registros de operadores inmobiliarios obligatorios para certificar que existe una sede declarada y reconocible, con seguro de responsabilidad civil y de caución y que cuente con una formación suficiente para el ejercicio de la profesión.
5. Función social de la vivienda para que cada partido político defina la función social de la vivienda y se posicione de forma clara sobre temas como el derecho subjetivo a la vivienda, la política de alquiler o de vivienda pública.
6. Definición como sector económico sensible: el mercado de la vivienda habitual es un mercado de interés general, sujeto a una especial protección y vigilancia.
7. Asimetría informativa corregida por procedimientos de regulación de todos los operadores (constructores, mediadores, administradores…).
8. Acompañar la política de vivienda de una política fiscal coherente con la función social de la vivienda, buscando la progresividad impositiva.
9. Asociaciones y colegios profesionales regulados con un código deontológico expreso con el fin de situar la defensa de los derechos del consumidor como su principal objetivo.
10. Certificación administrativa que garantice que todos los profesionales están capacitados para el ejercicio de la profesión.