Desde que se desatara la crisis económica en nuestro país a finales de 2008, muchas familias han necesitado recibir ayuda por parte del Estado para poder tener acceso a una vivienda digna. La ciudad de Barcelona es, tanto por su importancia económica como por el número de familias con alto índice de vulnerabilidad que registra, uno de los municipios que más se ha volcado en políticas de ayudas.
De esta manera, el Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto llevar a cabo la construcción de hasta 800 viviendas al año como parte de su Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025. Este plan es ya el tercero de la ciudad en esta materia, el cual pretende establecer a la vivienda como un bien de interés general, a partir del fomento de su función social.
No puede decirse que el gobierno municipal barcelonés escatime en gastos para estos fines, pues ha dotado a esta partida presupuestaria con un total de 1.666 millones de euros. En este sentido, según cálculos del propio consistorio, a partir de la puesta en marcha de este plan se generarían un total de 29.000 puestos de trabajo. Además, a las 800 viviendas anuales tendrán que sumarse los inmuebles que se construyan a partir de la colaboración con cooperativas y entidades sin ánimo de lucro o con afán de lucro limitado.
Así pues, y con el objetivo de aumentar el parque de vivienda, se buscará facilitar así el acceso a la vivienda y conseguir un efecto de deflación del mercado. El Ayuntamiento también prevé hacer crecer la disponibilidad en la Bolsa de Vivienda y el censo de pisos vacíos, como también doblar las ayudas para la rehabilitación de inmuebles en los casos de más necesidad. Este plan ha sido el resultado de un proceso político que ha tenido el 75% de los apoyos en el Pleno municipal.
