Los bienes inmuebles son una de las principales fuentes de ingreso de las administraciones. Existe gran variedad de impuestos que se aplican tanto a los propietarios como a los arrendatarios. Por no mencionar aquellos que tienen que ver con las hipotecas, como el conocido AJD o impuesto sobre actos jurídicos documentados. Un universo de impuestos que convierten a la vivienda en uno de los activos más sujetos a la tributación. Y, sobre todo, un pastel del que recaudan tanto la administración central como las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
Algunos de los impuestos más conocidos son:
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP): se grava a las operaciones de transmisión de bienes patrimoniales entre particulares y depende de las Comunidades Autónomas.
Impuesto de Valor Añadido (IVA): se grava cuando la vivienda que se compra es nueva, y en este caso depende del estado central.
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): Depende de los ayuntamientos y grava el valor de los bienes inmuebles localizados en dicho municipio.
Además de estos impuestos, hay que tener en cuenta la plusvalía, cuestionada por los tribunales cuando no existe una ganancia patrimonial real, y los rendimientos en el IRPF, que es estatal, así como los gravámenes autonómicos de patrimonio o sucesiones y donaciones.
Varios estudios muestran como para un promotor inmobiliario, los impuestos pueden llegar a representar hasta el 21% del desembolso total. En el caso de los particulares que adquieren la vivienda, los tributos llegan a ser hasta el 17%. Existen otros estudios que sitúan los costes fiscales y relacionados (notario, registro, gestoría) entre el 8% y el 13% del importe del inmueble para el particular. No obstante, hay que tener en cuenta que los gravámenes dependen de las comunidades autónomas. En regiones como Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana pueden llegar hasta el 15%, dado que tiene AJD e ITP más altos.
