En los últimos años, el aumento de los pisos turísticos en las principales ciudades de España ha sido notorio por las nuevas plataformas de intercambio de alojamientos como Airbnb. La rápida expansión de estos pisos en determinados territorios empuja a los ayuntamientos a crear regulaciones que den solución los inconvenientes que causan a los ciudadanos.
Expertos del sector inmobiliario admiten que el fenómeno de los pisos turísticos está comportando aumentos en el precio de los alquileres de la vivienda. Algunos inquilinos han experimentado subidas inasequibles en el momento de renovar el contrato con su propietario, que buscaba dedicar el inmueble al alquiler vacacional. Por esta razón, Fomento considera que es necesario “armonizar y fijar criterio” entorno a esta ambigüedad. Comunidades Autónomas y ayuntamientos ya han elaborado propuestas para regular los pisos turísticos. No obstante, el Ministerio considera necesario elaborar medidas compartidas con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, considera necesario definir el concepto de viviendas vacías para poder optimizar el parque de viviendas existente.
Aunque mucho se habla de acotar las definiciones en torno al alquiler de vivienda turística, aún no se han tomado medidas. Tan solo un cambio fue aprobado de manera urgente para adoptar decisiones en materia de vivienda y alquiler. La regulación permitirá que no sea necesario disponer de unanimidad para que la comunidad de vecinos pueda oponerse a un piso turístico en la finca. Será suficiente con una mayoría de tres quintas partes para limitar o condicionar la actividad, pudiendo incluso subir un 20% la aportación en los gastos comunitarios en favor de los vecinos. Aún así, existen otros organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rechazan aceptar que la subida de precios del alquiler sea como efecto de la expansión de los pisos turísticos.
