El pasado viernes 14 de diciembre el Gobierno aprobó una serie de medidas que pretenden paliar la subida continuada de los precios del alquiler y para dar mayor seguridad a los arrendatarios. Los objetivos de estas reformas son el aumento de la duración de los contratos, la limitación de las fianzas o la búsqueda de una mayor protección en casos de desahucio. Estas medidas pretenden ejecutar algunos cambios de urgencia para lograr un alquiler más asequible. Aunque se esperan proyectos ley más concretos para paliar el conjunto de problemáticas de acceso a la vivienda.
El Gobierno modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y revierte las reformas introducidas en 2013 por el anterior Gobierno. La intención es dar más seguridad tanto a las familias que viven en alquiler como los arrendatarios. De tal manera que se amplía la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años, siete si el propietario es una empresa. La prórroga tácita pasa de uno a tres años. Las fianzas quedan limitadas a un máximo de dos mensualidades y los gastos de gestión inmobiliaria y del contrato serán responsabilidad del propietario en caso de ser una persona jurídica. Frente a la problemática causada por los alquileres turísticos, el Ejecutivo decide retirarlo de la LAU para regularlos por las normativas de cada comunidad autónoma. Además, modifica la ley de propiedad horizontal, de tal forma que los vecinos podrán limitar este tipo de alquileres en sus comunidades con una mayoría de tres quintas partes en lugar de por unanimidad como actualmente.
El ministro también explicó que entre los cambios se pretende ofrecer una mayor protección a las familias en situación de vulnerabilidad ante los desahucios. A partir de ahora, el juez notificará a los servicios sociales el desahucio de una vivienda y según un informe, se podrá paralizar el procedimiento hasta dos meses y se darán mayores facilidades para encontrar una solución si se percibe una situación de riesgo.
