La futura Ley de Vivienda acabará con la venta de la vivienda pública destinada al alquiler

Las negociaciones entre el PSOE y Podemos sobre la primera ley estatal por el Derecho a la Vivienda todavía están profundamente arraigadas, ya sea para implementar una regulación en el mercado de alquiler o para proporcionar incentivos fiscales. Parece que se ha llegado a un consenso sobre medidas como los recargos por viviendas desocupadas o el aumento de los alquileres en los parques públicos. Para evitar su privatización en el futuro, se está concretando una fórmula legal para prohibir su venta a inversores privados.

Según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el stock público actual de vivienda en alquiler alcanza las 290.000 unidades, lo que supone solo el 1,1% de las más de 25,8 millones de viviendas en España. De estos, más de 180.000 son propiedad de comunidades autónomas y entidades afiliadas, y los otros 110.000 corresponden a municipios.

En los últimos 40 años, el Gobierno se ha dado cuenta de que debe promover un parque público de alquiler social y asequible, en lugar de construir una institución de filantropía de riesgo para la venta. Durante los últimos 40 años, ha priorizado la construcción de vivienda pública principalmente para la compra. Con el fin de evitar la privatización de la vivienda pública durante la pasada crisis económica, el Gobierno está estudiando un mecanismo legal para prohibir la venta de vivienda pública, incluidas las viviendas públicas que se han construido y las que se planea levantar a través del Plan 20.000, con el que se van a construir otras 24.000 unidades para uso en sociedad y sociedad Renta asequible.

Además, de construir nuevas viviendas, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con Sareb y entidades financieras para traspasar otras 10.000 viviendas dedicadas al arrendamiento social.

Otra fórmula propuesta por el Comité Ejecutivo Central para aumentar el número de viviendas bajo el sistema de arrendamiento asequible es transferir terrenos públicos a inversionistas privados durante 75 años para construir y administrar estos alquileres. Después de eso, estas casas se agregarán al parque nacional de viviendas.

Idealista recoge esta noticia en su portal.

 

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