En España hay una importante carencia de viviendas de protección Oficial, contabilizada en hasta 1,5 millones. El dinamismo actual del sector inmobiliario no ha afectado a todos por igual, y muchas familias y colectivos en situación de riesgo han visto como se complicaba aun mas el acceso a una casa. La carestía es una de las principales causas. A la hora de explicarla, tenemos que retroceder a los tiempos de la crisis inmobiliaria, ya que este tipo de construcciones fue uno de los grandes damnificados.
Entre 2004 y 2007 se pasó de entregar 8.300 VPO hasta las 12.800. En el año 2017 se entregaron 1.700. Los ajustes presupuestarios de los años posteriores a la crisis, datada principalmente en 2008, muestran como el impacto fue principalmente en la construcción, especialmente en las Viviendas de Protección oficial. Desde entonces, la administración apenas ha prestado atención a esta tipología de vivienda, por lo que las cifras se han mantenido muy bajas. En la actualidad, solo entre el 1 y el 1’5% del parque de viviendas español corresponde a Viviendas de protección oficial. Las estadísticas cifran la cantidad en 375.000 unidades en un parque de viviendas de 25’6 millones de casas. Una cifra a todas luces insuficiente, especialmente si tenemos en cuenta que para el año 2030, en el que se calcula que se necesitaran 2,65 millones de Viviendas de Protección Oficial para satisfacer la demanda.
España es uno de los países europeos con mayor índice de exclusión residencial (dificultades para acceder a una vivienda). La falta de oferta, los elevados precios y la precariedad laboral se ceban especialmente en los jóvenes y en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Por eso, diversas voces están presionando para que la administración afronte el problema y preparé un plan a largo plazo para resolver esta situación.
