Ésta es una de las principales conclusiones del informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), coordinado por Fundación CONAMA y Green Building Council España. El estudio, desarrollado por los arquitectos Albert Cuchí e Ignacio de la Puerta durante los dos últimos años, analiza la situación del sector de la rehabilitación de edificios en 16 de las 17 Comunidades Autónomas (a excepción de Murcia, que no participó por «problemas estructurales de organización»). Los datos reflejan que el 97,53% de la población reside en viviendas construidas antes de 1980, lo que significa que gran parte de los inmuebles de segunda mano pueden ser susceptibles de ser reformados. En este sentido, hasta el año 2030, las comunidades autónomas sólo están dispuestas a rehabilitar el 0,02% de los edificios con los que cuentan sus localidades.
Por comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña, Aragón y Madrid son las autonomías en las que se registra un mayor número de viviendas antiguas. En la otra cara de la moneda se encuentran comunidades como Murcia y Canarias, áreas cuyo parque de viviendas presenta la tasa de envejecimiento más baja. Según el estudio, del total de edificios antiguos, el 16,21% se encuentran en mal estado y un 78,9% de los casos no reúne todas las condiciones necesarias para su accesibilidad. Además, del documento también se desprende que la ratio correspondiente a la inversión equivalente es de 487,18 euros por habitante.
Tener un parque de viviendas anticuado tiene un efecto directo en el sector inmobiliario español. Y es que uno de cada cinco hogares realizó algún tipo de reforma en 2015. En este sentido, el gasto medio por reforma es de 4.464 euros, lo que representa un 51% más desde 2012. La subida se debe a que las reformas que se llevaron a cabo fueron de mayor cuantía, experimentándose un aumento progresivo de la inversión durante los últimos tres años.
