El gobierno y los partidos políticos están planeando medidas para tratar de solucionar las dificultades que existen en España con el acceso a la vivienda en alquiler. En un reciente acuerdo se ha planteado una llamativa medida que busca atacar este problema: dotar a los ayuntamientos de competencias para que puedan intervenir el mercado del alquiler estableciendo precios límites en zonas en las que el mercado se encuentre “tensionado”. La medida ha generado muchas dudas en cuanto a si es posible implementarla, así como mucho rechazo en propietarios, partidos políticos y otros agentes del sector.
La medida ha sido criticada principalmente por la incertidumbre que crea en el mercado, dado que su aplicación dependerá de cada ayuntamiento. Esto significa que, dependiendo del partido político que gobierne, la aplicación de la medida será diferente. Desde la administración se indica que para poner techo a “subidas abusivas” se establecerá un “índice de precios de referencia objetivo”. Sin embargo, en el texto no se aclara en ningún momento qué significan exactamente estos dos términos. No son pocas las voces que protestan contra la medida, alegando que en España rige el libre mercado.
La mayoría del sector inmobiliario profesional defiende que el mercado se autorregula solo. Alegan que el mercado ya empieza a mostrar signos de moderación, especialmente cuando tenemos en cuenta la tendencia que ha experimentado desde 2015. Reconocen que hoy en día los jóvenes de entre 25 y 35 años están experimentando dificultades para acceder a una vivienda de compraventa, por lo que muchos se ven obligados a refugiarse en el alquiler. Pero señalan que la regulación de precios no va a solucionar esta situación. No solo por su difícil aplicación, sino por las consecuencias que traerá. Por eso proponen los incentivos a los arrendadores que saquen sus viviendas al mercado. Una medida de fácil aplicación que sí podría suponer una diferencia en el sector.
