En el año 2013, el gobierno que presidía David Cameron decidió tratar de solucionar el problema de la vivienda en el Reino Unido. Un problema muy similar al que estamos viviendo en España, en el que existe una alta demanda y escasa oferta. El plan del gobierno británico era sencillo: apoyar con dinero público a los compradores de vivienda. El estado subvencionaría una parte de la compra de inmuebles, permitiendo el acceso a la vivienda a miles de personas que no tenían el capital suficiente. Una buena idea, en teoría. ¿Cuál fue el resultado?
Conscientes de que los compradores ahora tenían un ‘dinero extra’ del gobierno, los propietarios decidieron subir los precios en masa. La vivienda se encareció entre el 18% y el 22%. Un programa creado por la administración para facilitar el acceso a la vivienda lograba el efecto contrario. Es por eso por lo que el gobierno de Theresa May ha decidido poner fin a esta política. A partir de 2020 ya no será posible optar a estas subvenciones del gobierno. El gobierno Tory ha decidido dar un giro de 180 grados y empezar a promover el aumento de la oferta para solucionar el problema de la vivienda.
El gobierno planea poner en marcha un sistema de planificación urbana que reduzca el intervencionismo vigente en el mercado. Diversos estudios de prestigiosas escuelas económicas muestran como las trabas burocráticas y el intervencionismo encarece la vivienda hasta en un 35%. Por no mencionar la falta de obra nueva, que desde 1991 hasta ahora ha pasado de 5,7 millones de nuevas viviendas a 3,5 millones. Los obstáculos de las administraciones han creado un mercado urbanístico insostenible en el que los ciudadanos no pueden permitirse el acceso a la vivienda por el encarecimiento de los precios. Y en España estamos en la misma situación y a punto de cometer exactamente los mismos errores.
