Mientras continúa la cuenta atrás para la decisión del tribunal supremo que determine quién tiene que pagar el AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), hay otra ley que está a punto de convertirse en una realidad: la nueva Ley Hipotecaria. Con más de dos años de retraso, este nuevo texto se encuentra en trámite parlamentario, a la espera de que entre en vigor a finales de año. Este importante retraso podría conllevar una multa de 100 millones de euros por parte de Europa, que lleva exigiendo transparencia al mercado hipotecario español desde hace tiempo.
El texto tenía que haber sido aprobado en marzo del 2016, y este quedo redactado y listo por aquellas fechas. El número de enmiendas al texto, unido a la inestabilidad política, ha paralizado la aprobación de este proyecto de ley. La amenaza de la multa ha acelerado su tramitación, buscando clarificar las reglas del juego entre entidades bancarias y prestatarios. El objetivo es muy claro: dotar de mayor transparencia al sector hipotecario a través de unas instrucciones claras y unificadas.
Este proyecto de ley está dividido en dos partes. La primera consiste en la transposición de la directiva europea respecto a hipotecas del año 2014. La segunda consiste en una serie de previsiones que tratan de potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y el equilibrio entre las partes en los contratos de préstamo o crédito con garantía inmobiliaria. La ley trae una serie de normas más exigentes para los bancos desde la perspectiva europea tratando de garantizar un régimen jurídico seguro, ágil y eficaz. La exigencia de proteger este tipo de operaciones viene marcada no solo por la obligación de cumplir la ley europea, sino por los enormes beneficios que traerán al sector y, por tanto, a la economía del país.
