El gobierno ha lanzado una batería de medidas orientadas a solucionar los problemas que atraviesa el sector de la vivienda en España. En un contexto de alza de los precios, especialmente en las grandes capitales, la administración está tratando de contenerlos. La falta de vivienda pública, la poca oferta o la lentitud de las nuevas construcciones contribuye a complicar aún más la situación.
Por ese motivo, desde la Administración central se han puesto en marcha 10 medidas destinadas a tratar de corregir la situación mientras se trabaja en una nueva ley de vivienda nacional. Son la siguientes:
Se amplia el plazo de prórroga obligatoria en los contratos de alquiler, que vuelven a ser de 5 años en lugar de 3.
Se amplia el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Es el periodo en que se da por hecho que el arrendatario va a renovar, aunque no lo haya expresado directamente.
La fianza de alquiler de una vivienda solo podrá ser de dos mensualidades como máximo.
Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador.
Las comunidades de vecinos podrán limitar la actividad de los apartamentos turísticos siempre que reúnan a 3 quintas partes de los propietarios.
Se reforma el procedimiento de desahucio para buscar alternativas habitaciones les a los afectados.
Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado.
Se elimina la obligación de repercutir el IBI arrendatario en el alquiler social.
Se da la posibilidad de bonificar hasta el 95% del IBI a quienes limiten el precio siguiendo las referencias.
Se establecen las bases para definir el concepto de inmueble residencial desocupado y aumentar el recargo en el IBI.
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