El mercado del alquiler no se detiene. Las grandes ciudades españolas son un foco muy importante de operaciones inmobiliarias, razón por la que este sector siempre capta tanta atención por parte tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación. En este sentido, una de las claves del buen funcionamiento de este segmento es la relación entre propietarios y arrendatarios, la cual queda establecida mediante la firma del contrato de alquiler.
Pese a que en estos momentos España vive un contexto económico de recuperación, con una tasa de desempleo del 13%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay cada vez más propietarios que temen no percibir los ingresos pertinentes por el alquiler de su inmueble.
Y es que la inestabilidad provocada por la crisis del coronavirus en la economía de las familias españolas ha causado un incremento en los desahucios vinculados al impago del alquiler. Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este tipo de casos aumentó de los 17.465 registrados en el 2020 a los 29.191 que se dieron el pasado año, una escalada del 67,13% que acercó este indicador a unos niveles similares a los que se daban antes de la pandemia.
Por comunidades autónomas, aquellas que se vieron más afectadas fueron Catalunya, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Y es que, según las cifras que maneja el Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA), la preocupación de los propietarios por no recibir su renta mensual ha aumentado un 11%, algo que los lleva a encontrar fórmulas para cubrirse las espaldas como la contratación de un seguro de impago.
De hecho, ¿sabías que casi la mitad de los propietarios que teme que su inquilino deje de pagar las mensualidades ha contratado ya un seguro de impago? Son datos de la aseguradora Allianz. De esta manera, mediante el análisis del tipo de contrato y los ingresos fijos del arrendatario, la aseguradora calcula el riesgo de morosidad de este y procede a asegurar o no al propietario a cambio de una contraprestación de la que se deberá hacer cargo el propio arrendador, salvo que se especifique lo contrario en el contrato de alquiler.
