Catalunya a la cabeza de la inversión pública en vivienda

Catalunya se sitúa a la cabeza entre las comunidades autónomas en inversión en activos residenciales públicos remplazando a Madrid, con un desembolso el año pasado de 92,3 millones de euros. De hecho, según varios estudios, Madrid ha sido la comunidad donde más descendió el gasto el año pasado, con una reducción de cerca el 70% en este tipo de activos. La caída del gasto en diez comunidades autónomas se ve liderada por Madrid, donde la inversión se redujo casi a la mitad, pasando de los 111,3 millones de euros de 2017 a 58,2 millones el año pasado.

Así, a nivel global, la inversión agregada en vivienda publica de todas las administraciones ascendió en 2018 a 355,3 millones de euros, lo que representa un 29% menos que en el año anterior. Además, de las diez comunidades que en 2017 ocupaban los primeros puestos en el gasto, solo tres de ellas se han mantenido al alza: Galicia, Canarias y la Comunidad Valenciana. Mientras que Galicia en 2018 se situaba en la séptima posición, se posiciona ahora en el quinto puesto disparando la inversión un 65,6% y logrando un desembolso de 21,5 millones de euros. Por otro lado, las Canarias han pasado de la quinta a la tercera posición realizando una inversión en vivienda pública de 43 millones de euros, lo que representa un 57% más. En Valencia, el gasto se ha impulsado un 50% hasta casi lograr los 10 millones de euros.

Así, la fuerte caída de la inversión en vivienda publica en la capital española ha permitido a Catalunya lograr el primer puesto, aunque en esta comunidad también se recorto el gasto el año pasado. De esta manera, en 2018 en Catalunya se invirtieron 99,3 millones de euros, un 17% menos que en el año anterior. Sin embargo, en cuatro comunidades el gastó se disparó, aunque continua siendo relativamente pequeño. Por ejemplo, mientras que en Castilla y León apenas se destinaron 90.000 euros en 2017, el año siguiente se elevó el presupuesto hasta los 3,9 millones de euros. De forma similar pasó en Cantabria y Baleares, pasando de los 600.000 hasta los 15,1 millones y de los 780.000 a los 14,5 millones de euros en 2018, respectivamente.

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