El mercado del alquiler está siempre en el foco de la sociedad y de los medios de comunicación por tratarse de un sector que permite acceder al mercado inmobiliario a los colectivos más vulnerables o que no cuentan con una cantidad de ahorros suficiente como para hacer frente a la entrada de una vivienda.
Recientemente conocimos el último movimiento del Ejecutivo de la nación, que apostó por establecer en un 2% el tope máximo de la subida de precios de alquiler. Unas medidas que, tal y como advertimos desde donpiso, podrían ser inadecuadas. “Estas medidas, siempre y cuando tengan una naturaleza coyuntural, son vistas con buenos ojos, pues pueden, en mayor o menor medida, ser de ayuda para controlar los efectos de la abultada tasa de inflación que estamos sufriendo, pero no deberían convertirse en estructurales porque no favorecerían el crecimiento de la oferta de inmuebles en alquiler”, ha afirmado Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso.
Y es que la implementación de medidas diferentes en cada comunidad autónoma, que pueden aplicar o no aspectos de la nueva normativa recogida en la nueva Ley de Vivienda, limita el ejercicio y disposición de la propiedad privada y penaliza a propietarios con 4 o más viviendas vacías. “Se trata de medidas que en su mayoría penalizan al propietario que es, en esencia, la llave para reavivar una cada vez más comprometida oferta, cuyo crecimiento es básico para equilibrar los precios, olvidando que más del 80% de viviendas vacías están en manos de particulares y representan los ahorros de toda una vida de trabajo y esfuerzo de esas personas”, ha explicado el directivo.
¿Qué solución proponemos desde donpiso?
Tal y como ha indicado nuestro subdirector general, la clave está en aumentar la demanda disponible para poder controlar los precios de otra forma. “Se ha de incentivar positivamente (fiscalmente y con más seguridad jurídica) a los propietarios de viviendas para que las pongan en el mercado. Por otra parte, se ha de conseguir un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas para asumir su papel como promotores en la construcción de viviendas destinadas al alquiler, tanto con iniciativas públicas como de carácter público-privadas”. La solución pasa también, tal y como afirma el experto, por cambiar y repensar el concepto de vivienda de protección oficial, creando un parque residencial destinado al alquiler con el que luego no se pueda especular o, en otras palabras, blindándolo para evitar su descalificación y posterior especulación en el mercado.
