La vivienda pública asequible que el gobierno quiere fomentar para aumentar la oferta no va a tener la misma dinámica en todo el país. Los primeros planes del Ministerio de Transporte centran la financiación para ello en zonas con cargas de mercado especialmente pesadas, en las que hay pocos apartamentos de alquiler disponibles y los precios son muy elevados. Esto significa que la promoción de vivienda pública con rentas más económicas o sociales se limitará a las cinco provincias y los dos archipiélagos donde se sospecha esta situación.
Esta decisión se incluye en la explicación de cómo funciona el plan de viviendas de alquiler asequible, que se incluye en el Libro Rojo del Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2022. Como señala el texto, el fin de la estrategia es «el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales para personas o unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado esté especialmente tensionado». Los señalados como tal son Madrid, Barcelona y Valencia junto a sus áreas metropolitanas correspondientes, además de Málaga, Sevilla y las Islas Canarias y las Islas Baleares.
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