El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es uno de las principales vías de ingresos de los ayuntamientos a la hora de recaudar, por lo que es una de las medidas a tener en cuenta en lo que respecta a políticas municipales. En este sentido, Barcelona es una de las ciudades de nuestro país que más tiene que decir en esta materia, pues es la segunda más poblada y, por tanto, la segunda que más ingresa por este tipo de obligación fiscal que pesa sobre la ciudadanía. De ahí que desde el consistorio se esté poniendo especial atención a la forma de gestionar este gravamen, cuya subida no afectará a más del 96% de los pisos de la ciudad por tener un precio de mercado inferior a los 600.000 euros.
En general, existe una subida de los valores del 19% que se irá aplicando al IBI de forma paulatina durante los próximos diez años, aunque de cara a 2018 no tendrá una influencia significativa. Tanto es así que no se incrementará ni tan sólo un euro en 2018. Aunque es la primera revisión desde el año 2002, desde el consistorio afirman que la revisión no tiene un objetivo recaudatorio sino que lo que se pretende es reequilibrar lo que cada ciudadano paga de acuerdo con una política fiscal que debe ser “igual para todos”.
De hecho, el 47% de los pisos están sobrevalorados, sobre todo en aquellos barrios que presentan mayor tasa de vulnerabilidad, pues tras la crisis habría bajado el valor de los pisos residenciales alrededor de un 24%, mientras que las propiedades comerciales lo han hecho en un 69%, las oficinas en otro 64% y los aparcamientos otro 89%. En conjunto, el incremento global es de un 19% y se queda lejos de la subida que se produjo en Madrid en el año 2011 del 74%. La entrada en vigor se realizará el próximo 1 de enero de 2018, siendo el período existente entre julio y diciembre de este año el momento en el que se llevará a cabo una campaña de información a la ciudadanía para explicar las causas y consecuencias de la medida.
