A pesar de la insistencia de que el mercado crece a un ritmo sostenible, que estamos lejos de la burbuja y que todos los indicadores nos muestran un buen estado de salud general del sector, está claro que existen deficiencias que es necesario corregir. Por ejemplo, la falta de vivienda social y el desajuste entre construcción y demanda que está provocando unas subidas interanuales de los precios de hasta el 10%. Estas crecidas en los precios tienen que ser asumidas por la economía familiar, que ve como los sueldos no acompañan, provocando que la partida económica destinada a vivienda ya ronde el 50% del total. De ahí que muchos agentes reclamen la intervención del estado.
El guante ha sido recogido por la administración, que ya trabajaba en nuevas leyes para solucionar el problema de vivienda. Sin embargo, aunque su diagnóstico es correcto pero sesgado (hay viviendas vacías que no salen al mercado), su enfoque para corregirlo es injusto y coercitivo. Desde el gobierno se están estudiando medidas de castigo para los propietarios de viviendas vacías que no las pongan en el mercado. Sin embargo, el primer problema viene en la misma definición: ¿qué es una vivienda vacía? ¿Cuánto tiempo debe llevar vacía? ¿Qué razones son las que han llevado a que no se haya ocupado? ¿Qué circunstancias eximirían de ese castigo? ¿En qué condiciones deberían estar esas viviendas antes de salir al mercado?
Desde la administración se está tratando el asunto con las Comunidades Autónomas, tratando de ajustar la ley a la realidad del parque de viviendas de cada una de las regiones. Sin embargo, el aval de tribunal constitucional a la ley vasca que permite la expropiación durante dos años de viviendas vacías va en contra de este consenso. Y es que han de ser los partidos los que han de ofrecer seguridad y transparencia, de manera que los propietarios tengan razones para lanzar estas viviendas al mercado.
