Facilitar el acceso a las zonas comunes, tanto la entrada como la salida. Sustituir las escaleras del portal por rampas. Instalar ascensores y dispositivos mecánicos que faciliten la movilidad. El Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social aprobado en un Real Decreto Legislativo de 2013 obligaba a las comunidades de vecinos a llevar a cabo estas medidas. Sin embargo, hoy en día solo se ha cumplido en el 23% de los edificios españoles, advierte el presidente de la CGCAFE (Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España).
Son varias las razones que han producido está situación. Por un lado, esta medida choca con la Ley de Propiedad Horizontal, que establece que si el inquilino no demanda está reforma, el propietario no está obligado a llevarla a cabo. El precio también es un obstáculo, pues la LPH establece que el coste de la reforma no puede exceder por ley la cantidad equivalente a 12 mensualidades de gastos ordinarios. A todas estas razones se les une la alta morosidad y los retrasos administrativos, además de la simple falta de recursos. Y es que, aunque instalar una rampa puede costar entre 2.000 € y 5.000 €, el gasto se eleva considerablemente en el caso de los ascensores, que pueden costar entre 60.000 y 100.000€.
En 2016 se instalaron 10.460 ascensores en España, el 50% de ellos en edificios nuevos, gracias a las subvenciones ofrecidas por la administración. Subvenciones que a día todavía no se han abonado. A partir del día 5 de diciembre, fecha en la que se cumple el plazo, comenzaran las revisiones y se anuncian sanciones que van desde 301€ hasta el millón. Por eso desde la CGCAFE se recomienda el cumplimiento de la normativa a la mayor brevedad, teniendo en cuenta además lo positivo que resulta para un colectivo para el que, en ocasiones, el simple acto de entrar y salir de casa se convierte en un calvario.
