Durante el primer trimestre del 2018 los impuestos de las comunidades autónomas a la compraventa han aumentado un 71%. Las regiones de España han ingresado desde enero un total de 1.900 millones de euros. El aumento en la recaudación ha sido principalmente a través del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. El incremento del 71% desde el 2015 ha supuesto un total de 800 millones de euros para las arcas públicas, lo cual equivale al coste de la subida de las pensiones de este año. La cantidad resulta especialmente llamativa si se compara con los mínimos históricos que se alcanzaron durante la crisis.
Este crecimiento es un reflejo del estado de salud del sector inmobiliario, que ve como el número de operaciones aumenta mes a mes. Las comunidades son las que se está beneficiando de este crecimiento, dado que son las que tienen la competencia de cobrar estos tributos. El impuesto a las transmisiones patrimoniales grava las operaciones de compraventa de vivienda de segunda mano, y son las regiones las que establecen el porcentaje, que oscila entre el 6% y el 11%. En el caso del impuesto a los actos jurídicos documentados, el tributo se aplica a la formalización de documentos notariales, mercantiles y administrativos, y tiene efecto en la compraventa tanto de vivienda nueva como de segunda mano, además de la formalización de nuevas hipotecas. El IVA no se tiene en cuenta porque solo se aplica a la construcción y a la venta de obra nueva.
El crecimiento de la recaudación es un termómetro que mide el estado del mercado. Ahora mismo se encuentra a un nivel que no se veía desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las comunidades autónomas confían terminar el año recaudando un total de 8.800 millones de euros, lo cual representa un crecimiento del 5,5% respecto al año anterior. Sin embargo, visto el ritmo con el que se está moviendo el sector inmobiliario, es muy probable que el aumento sea aun mayor.