El uso de la tecnología no sólo juega un papel importante en nuestra comodidad diaria o incrementa nuestra capacidad de comunicarnos, sino que permite que la ley tenga más herramientas para detectar a aquellas personas que no la cumplen. Es el caso de los 1,7 millones de inmuebles que El Catastro, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado como ilegales porque sus propietarios no han hecho efectivo el pago de los correspondientes impuestos de plusvalía e IBI. Esto a ha sido posible a partir de la toma de imágenes aéreas conseguidas gracias al uso de drones, que han sobrevolado millones de edificios por todo el país.
Hasta 6.331 Ayuntamientos han recurrido ya al Catastro para poner en regla regularizar 1,69 millones viviendas que tenían partes no declaradas. Entre los casos, se encuentran ampliaciones de viviendas, cerramientos de terrazas, techos de áticos, construcciones suplementarias a la vivienda principal o piscinas no declaradas.
Los propietarios tienen hasta el 31 de diciembre del presente año para acogerse a la ‘amnistía catastral’ iniciada en 2013 y que les permite legalizar su vivienda con un pago de 60 euros. De hecho, un total de 4.340 Ayuntamientos han cerrado este proceso, por el que han ingresado un montante de 1.254 millones de euros más en el IBI, según datos de Hacienda.
¿Dónde se han dado más casos? Pues por comunidades autónomas, Andalucía, con 373.224 inmuebles regularizados, es la región donde se han detectado más fraudes. Le siguen Galicia con 213.017 y Castilla y León, con 164.141. En datos relativos, o sea observando qué importancia porcentual tiene el fraude respecto al total del parque de pisos, Aragón es la comunidad más afectada, pues el fraude equivale al 16,87% de sus inmuebles; por encima del 15,37% en Galicia y 14,29% en Castilla-La Mancha.
