Cuando se trata de acceso a la vivienda para personas y familias de bajos recursos, España no está al nivel de sus socios europeos. Los números están a mucha distancia cuando se trata de luchar contra la exclusión residencial y social, además de fomentar la vivienda. Las estadísticas muestran que solo dedica un 1,5% de su producto interior bruto (PIB) frente al 4,2% de media europea.
Son más de dos puntos y medios de diferencia que nos colocan entre los 8 países que menos aportan. Al otro lado del espectro encontramos al Reino Unido (7,2% del PIB), Francia (5,6%) o Alemania (3,4%). Estamos por delante únicamente de Letonia (1,2%), Rumanía (1,2%), Estonia (1,1%), Italia (1,0%), Portugal (1,0%), Grecia (0,9%) y Polonia (0,8%), según un reciente informe de Eurostat. El estudio calificaba estos datos como ‘preocupantes’, especialmente teniendo en cuenta que en la actualidad hay más de 8,6 millones de personas en España en riesgo de exclusión social, un 18% del total. 4 millones sufren exclusión severa, y representan un 40% más que antes de la crisis económica del 2008. En un contexto de desaceleración económica, envejecimiento de la población y transformación laboral, son cada vez más las capas de la sociedad que ven imposible el acceso a la vivienda. Los altos precios de alquiler en las grandes capitales contribuyen a complicar aún más la situación.
Desde la Unión Europea ya se ha alertado de esta situación, conminando a España a que aumente la inversión en vivienda pública y de protección oficial. Se alerta de que, dados los indicadores económicos, la situación todavía va a empeorar. Los precios de alquiler y compraventa siguen subiendo y la elevada tasa de paro todavía van a ser constantes en la económica española, por lo que la administración ha de recoger el testigo a la hora de facilitar el acceso a la vivienda a estos colectivos.
