Después de años de demora en su aprobación, tanto en el parlamento europeo como en el español, llega por fin la nueva ley hipotecaria. La conocida como Ley de reguladora de los contratos de créditos inmobiliario entrará en vigor un mes después de que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Muchas de las nuevas medidas giran en torno a la protección de las familias ante los desahucios, la erradicación de las clausulas suelo o el reparto de los gastos de la hipoteca, así como mayor transparencia a la hora de comercializar los créditos inmobiliarios.
Las medidas de protección del consumidor han ido un paso más allá debido al contexto económico-social y a la coyuntura política. La redacción de parte del texto se ha dado en plenas polémicas, tanto por el AJD (Actos Jurídicos Documentados) como la desprotección ante los desahucios o los abusos cometidos por la banca con las clausulas suelo. Las demandas que llegaban de Europa, la presión de los partidos y la cercanía con la época electoral han hecho que el grado de protección al consumidor sea aun mayor de lo que cabía esperar cuando se planteó. Desde la banca ya se ha anunciado que todas estas medidas encarecerán las hipotecas.
A pesar de todo, la ley nace con tres años de retraso respecto a las exigencias europeas. La nueva ley debía recoger la nueva directiva de protección del consumidor financiero de la Unión Europea, que incluía como requisito ser aplicada en abril de 2016. Tras casi 3 años de demora, las instituciones europeas amenazan a España con multas que podrían ascender hasta los 100.000 euros por cada día de retraso. De ahí que ya solo esté pendiente el visto bueno del senado.
