Pagar el impuesto de plusvalía municipal tras vender una casa con pérdidas era una injusticia del sistema inmobiliario español que está a punto de corregirse. La proposición de ley presentada en el congreso de diputados cambiará esta norma mediante la modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que es la que tiene jurisdicción en este caso. Las escrituras públicas de la vivienda servirán para acreditar que no ha habido un incremento de valor en el inmueble a la hora de venderlo, quedando exento del pago de este impuesto.
El hecho de eliminar la prueba pericial requerida hasta el momento es un paso muy positivo, en opinión de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Agentes Tributarios (Asefiget). Al fin y al cabo, en las escrituras ya se da fe a través de un notario de la pérdida patrimonial. Eliminar la necesidad de una prueba pericial para acreditar esta situación ya repercute positivamente en la economía de los particulares. La proposición de ley viene una impulsada por una sentencia del Tribunal Constitucional del 2017 en el que declaraba nulo el pago de este impuesto cuando no se obtienen beneficios por la venta de un inmueble. La propuesta para reformar esta situación ha sido elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y hacienda.
El único tema espinoso que aún se ha de abordar es qué sucede con todos los tributos que han sido cobrados indebidamente hasta ahora. En la nueva proposición se establece como fecha el 15 de junio de 2017 cuando entra en vigor retroactivamente esta medida, lo cual entra en conflicto con la norma fiscal que indica que “toda nueva norma ha de aplicarse de la forma más beneficiosa posible al contribuyente”. Y es que muchos ayuntamientos han seguido cobrando este impuesto a sabiendas que la ley se iba a modificar. Se estima que hay unos 2.475 millones de euros cobrados indebidamente, unos 4.500 euros por ciudadano.
