En España existe un problema de acceso a la vivienda. Desde la administración se están estudiando políticas que buscan garantizar a los ciudadanos el obtener una vivienda digna, ya sea por compra o alquiler. Sin embargo, existe gran disparidad de opiniones sobre las medidas que se deberían adoptar para conseguir que salgan al mercado las viviendas que actualmente se encuentran desocupadas. A la hora de ofrecer soluciones, la administración está valorando la posibilidad de establecer medidas coercitivas y de castigo para ‘obligar’ a poner esas viviendas en el mercado. Los agentes del sector privado, por otro lado, defienden que la única manera de hacerlo es ofreciendo incentivos fiscales a los propietarios de estas viviendas.
El primer problema al que se enfrenta la administración es determinar cuantas viviendas vacías hay en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), existen en España un total de 3,4 millones de viviendas vacías. No obstante, diversos estudios muestran que el 66% de las viviendas vacías en España están en municipios de menos de 50.000 habitantes y que el 33% son anteriores a 1960. Esto significa que, además de no cumplir los estándares actuales, muchas están situadas en zonas de alta despoblación, complicando aún más el que puedan llegar a ocuparse. Del parque total de viviendas vacías, se calcula que entre 700.000 y 800.000 podrían llegar a ocuparse, aunque la gran mayoría requeriría reformas.
Aparte de esta cuestión, el problema de fondo es conseguir animar a los propietarios a que saquen las viviendas al mercado. Para incrementar la oferta, la verdadera solución sería ofrecer medidas fiscales que favorezcan a los propietarios. Medidas como la reducción del IRPF y del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para los compradores de vivienda con destino al alquiler. Se calcula que una medida así podría hacer aflorar entre el 25% y el 35% de los pisos cerrados dependiendo de la ciudad.
